Son 54 vidas menos. Las que la violencia machista ha arrebatado este año, mujeres muertas a manos del hombre que dijo amarlas. Una sangría continua: la ley no acaba con el delito. Seis años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se mantienen problemas como la falta de denuncia que impide amparar a las víctimas -tres de cada cuatro fallecidas no la presentaron-. También persisten fallos en la protección de quienes sí dieron el paso -cinco agresores quebrantaron el alejamiento sin consentimiento de la víctima.
Los números fríos: 54 fallecidas, de las que 14 habían presentado denuncia -pero una la retiró-. ¿Por qué solo una de cada cuatro había alertado de su situación? Quizá por presiones, por dependencia económica o emocional, por miedo, por no confiar en la administración de justicia... Existe una bolsa oculta de maltrato que no acaba de emerger. Una bolsa que ahoga vidas aunque más de 130.000 mujeres denuncien cada año, según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
De 14 fallecidas tras haber denunciado, nueve pidieron y consiguieron orden de protección, ese paraguas de medidas cautelares que suele incluir el alejamiento del agresor. Al llegarles la muerte, siete tenían las órdenes en vigor: dos se acercaron voluntariamente al agresor, mientras que en cinco casos fue él quien quebrantó la orden. Hay casi 2.000 efectivos policiales especializados. Protegen a 95.000 mujeres. Un elemento de protección como las pulseras -alertan de que el agresor incumple el alejamiento- se emplea poco. De las 3.000 puestas a disposición de los jueces -quienes deciden si se implanta o no- solo 746 están en uso. La aplicación de la ley integral tiene este año un presupuesto de 384 millones de euros. De esa partida no se ha recortado. Unos 5.000 hombres están presos por violencia de género.
¿Qué hacer a partir de ahora? Se pone el acento en la necesidad de que los servicios sanitarios, obligados a comunicar las agresiones machistas que detecten, den otro paso más: Que den cuenta a la fiscalía de los casos en los que existan sospechas fundadas, aunque no haya parte de lesiones. De esa forma, los fiscales podrían iniciar diligencias preprocesales y obrar en consecuencia.
